Las orejas electrónicas del gobierno

intervencionesUn post reciente en este blog ha recogido una cantidad inusual de comentarios críticos argumentando que la Constitución y el Código Penal incluyen garantías suficientes para la cobertura de escuchas telefónicas. Fue una discusión a la española, en la que se interpretan pejiguera y teatralmente los puntos y las comas de la ley, no tanto para llevar razón como para dejar en evidencia a quien sostiene la posición contraria, y en la que algunos llegaron a citar párrafos de leyes mal nombradas con una tendenciosidad en cualquier caso mucho mayor que la que se pretendía atribuir al autor del artículo. Todo ello para invalidar la tesis principal del post: que Sitel permite a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y por extensión a quien las manda, un acceso a la privacidad del ciudadano tan solo limitado por la negativa de este a hacer uso de su propio teléfono. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es precisamente lo que hacía un antiguo Canciller de la República Federal de Alemania. Enterado de que el sistema inalámbrico de su automóvil era objeto de seguimiento constante por parte de los servicios secretos de la R.D.A., mandaba parar al chófer ante una cabina telefónica y desde allí hablaba de asuntos importantes con los miembros del gabinete.

Eran los años 80. Con Sitel no habría podido utilizar el mismo ardid, a no ser que el Consejo de Ministros estuviera reunido en otra cabina telefónica o en un bar. La potencia de los sistemas de interceptación actuales, basados en la informática y en la instalación de interfaces adecuados en las compañías telefónicas al servicio de la autoridad (Esto no es cachondeo: lo decía la Ley General de Telecomunicaciones en su versión del 2003), permite realizar un seguimiento de llamadas en tiempo tanto real como diferido, por llamante y por destinatario de la llamada, y por extensión a toda la agenda de contactos telefónicos de uno y de otro. Sitel, además de una valiosa herramienta para la seguridad del Estado, es un tren de laminación para el derecho a la privacidad y las leyes de protección de datos.

La capacidad técnica de Sitel resulta tan sorprendente como endebles los bastidores jurídicos sobre los que se apoya. Este problema lo conocía de sobra el gobierno de Aznar, que hasta después de los atentados del 11 de marzo no pudo poner en marcha el sistema al no haber sido capaz de desarrollar un marco legal para su despliegue. El nuevo gobierno, tan poco respetuoso con las libertades del ciudadano como todos sus predecesores, y además con una tendencia a servirse de la ley y de las instituciones del estado con finalidades instrumentales al servicio de su propio poder, no tuvo tantos remilgos y se estuvo sirviendo de él durante un año sin cobertura legal alguna hasta la aprobación del primer reglamento regulador en abril de 2005. Consciente de los problemas jurídicos que causaba, el ejecutivo de Zapatero decidió enfocar el asunto Sitel como una cuestión meramente técnica, diseminando la normativa en forma de leyes de bajo rango y letra pequeña en los reglamentos del Ministerio de Industria.

En Estados Unidos (que por efecto de las series televisivas es el marco mental que inspira la argumentación bienintencionada de los partidarios conformistas del gobierno), cuando un investigador necesita huronear en la intimidad de un particular, solicita una orden del juez. En dicha orden el magistrado especifica con puntillosa exactitud los datos que hay que intervenir. Más allá no se avanza, y si el dispositivo o el ordenador pertenece a un periodista, entonces se vuelve intocable, porque hay una ley del Congreso (Privacy Protection Act § 42 U.S.C. 2000a) que lo protege. En España el procedimiento es otro. La Ley 25/2007 de 18 de octubre sobre conservación de datos permite al agente facultado, con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación, recabar de la compañia telefónica todas las informaciones relativas al servicio de telecomunicación utilizado por los sujetos a los que se quiere practicar el seguimiento: tipo de contrato, DNI, código de identificación fiscal, números de teléfono, etc. Para cuando la petición llega a la mesa del juez para que la firme, al individuo en cuestión -y también a sus interlocutores- ya les habrán escuchado de todo, hasta cantando en la ducha.

Escucharán al sospechoso y de paso a unos cuantos más, que no necesariamente habrían de guardar relación con el caso -Pruebas de funcionamiento, ya me entiende.¿Qué era el teléfono de un político del PP o de la Esquerra? Ay, disculpe usted, no nos dimos cuenta-. La naturaleza versátil y manipulable de los datos digitales también permite seleccionar el material. En otras palabras, unos jueces mayoritariamente legos en tecnología estarán firmando sin más lo que les presenten. No es como antes, que se entregaba la cinta entera y después era destruida. Por si fuera poco ahora también queda un backup en el ordenador de Sitel.

En 2008, y cuando ya había entrado en vigor la Ley 25/2007, el Tribunal Supremo dictaminó que el Real Decreto de 2005 era insuficiente para regular Sitel. Es aquí donde ha de verse el auténtico problema, no en el escaso rigor a la hora de citar la letra de una ley que por lo general en este país el gobierno y las administraciones públicas son los primeros en incumplir. Un sistema de intervenciones tan sofisticado y potente debería estar regulado por una ley orgánica. El objetivo no es iniciar un Watergate contra Zapatero, sino conseguir que esta problemática sea llevada al terreno del debate parlamentario.

5 Responses to “Las orejas electrónicas del gobierno”

  1. “Para cuando la petición llega a la mesa del juez para que la firme, al individuo en cuestión -y también a sus interlocutores- ya les habrán escuchado de todo, hasta cantando en la ducha.”.

    A mí me parece que de nuevo aquí, como en el post anterior, se mezclan indebidamente churras con merinas.

    La ley 25/07 que permite recabar los datos a un policia judicial, no a cualquier policia por cierto, no tiene nada que ver con las escuchas telefonicas. Esa ley solo permite el acceso a los datos sobre quien ha llamado a quien, a qué hora, y con qué duracion. Pero nada de su contenido, pues asi lo dice expresamente el artículo 3.2: “2. Ningún dato que revele el contenido de la comunicación podrá conservarse en virtud de esta Ley.”.

    Por el contrario para interceptar el contenido de las converdaciones telefonica la policia necesita que la compañia telefonica le de acceso ademas a sus circuitos y eso solo lo debe hacer con una autorizacion judicial previa. Así lo dice el artículo 33.2 de la Ley de Telecomunicaciones:

    Art. 33 2. Los operadores están obligados a realizar las interceptaciones que se autoricen de acuerdo con lo establecido en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en la Ley Orgánica 2/2002, de 6 de mayo, Reguladora del Control Judicial Previo del Centro Nacional de Inteligencia y en otras normas con rango de Ley Orgánica

    Es decir, que el agente de policia judicial que ha pedido a Movistar los movimientos de un determinado telefono aun antes de tener autorizacion judicial, no se entera para nada del contenido de lo hablado. Si quiere hacerlo debe pedir permiso al juez y éste debe dar una resolucion suficientemetne motivada en la que se autoriza las condiciones de la escucha, existiendo muchas sentencias que delimitan el alcance necesario de esa motivacion.

  2. Hombre, Aranguren: ya empezaba a echarte de menos. Debo decirte, sin embargo, que tu argumentación tendría mucho peso de no ser por una circunstancia: existe Sitel. Con los datos facilitados por la compañía telefónica ya se puede empezar a oir conversaciones sin montar ningún dispositivo de escucha. Después le llevan al juez lo que conviene y este firma lo que le ponen delante. No es un procedimiento limpio.

    ¿A qué viene esa insistencia por salvarle la cara al estado de derecho en España, cuando si hay algo claro es que dicho estado de derecho dista mucho de ser perfecto? El conformismo y la fe en la letra de la Constitución por sí misma no suelen ser de gran ayuda en la lucha por las libertades ciudadanas.

  3. Este estado de derecho no es perfecto, pero no creo que mejore porque se afirmen de él cosas que no son ciertas y que inducen a error, como por ejemplo esa peculiar tesis de que la policía puede interceptar las conversaciones telefónicas sin permiso del juez porque no hay legislación que lo prohíba.

    He leido tu enlance con SITEL y resumo lo que allí se dice, que por cierto no coincide con el alarmismo de este blog. Expongo:

    a)Existe una discusión jurídica, materializado en un recurso ante el Tribunal Supremo, sobre si el Real Decreto 424/2005 tiene rango legal suficiente como para desarrollar en detalle el procedimiento legal de las escuchas telefonicas. Pero obviamente ese reglamento no anula ni contradice, (¿cómo podría hacerlo?) las leyes que regulan las escuchas telefónicas, que son fundamentalmente el artículo 33 de la ley de Telecomunicaciones, ya trascrito en otro comentario anterior; el artículo 579 de la Ley Enjuiciamiento Criminal, a la que me referí en otro artículo tuyo; y el artículo 536 del Código Penal. Esas leyes dicen claramente que interceptar conversaciones telefónicas sin autorización judicial es un delito penado con la cárcel, seas policía, detective o barrendero. Es aquí donde tú discrepas, aunque sinceramente nunca he entendido como razonas esa conclusión tan brutal de que no está penado el hacer escuchas telefónicas al margen de la autorización judicial.

    b)El Real Decreto 424/2005 por supuesto tampoco permite, ¿cómo podría hacerlo?, a la policía interceptar las conversaciones telefónicas sin orden judicial previa y basta leer su articulado. Por ejemplo el artículo 83 dice expresamente que las únicas intercepciones que pueden autorizar las compañías telefónicas a la policía “son las dispuestas en el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, es decir las que tienen autorización judicial. El artículo 87 especifica que la intercepción realizada no puede afectar a otras personas diferentes a la que ha sido designada judicialmente y el articulo 90 recalca que para que esa interceptación por parte de la compañía telefónica sea posible, la orden de interceptación legal debe reunir determinados requisitos.

    Es ahí, en la mayor o menor precisión de los requisitos donde vuelve a surgir la polémica. Los tribunales tienen señalados a través de numerosa jurisprudencia los requisitos que debe reunir la resolución judicial que emite el juez que autoriza la escucha, y sería deseable que la legislación recogiera explícitamente esos requisitos para evitar conflictos permanentes de interpretación de las normas. Pero la realidad es que el Real Decreto recoge algunos de esos principios y el resto siguen estando en vigor a través de la jurisprudencia de los tribunales, como ocurría antes del Real Decreto.
    Es en este contexto donde hay que entender el alegato, realizado por cierto en el año 2004 antes de que se aprobara el Real Decreto, por el teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, cuando decía «pues no siempre se especifican de forma concreta los parámetros de la interceptación, sino que se solicita genéricamente la interceptación del contenido de la comunicación y la información asociada, y esta última abarca información mucho más invasiva para la intimidad personal que el contenido de la comunicación». Hoy ese Real Decreto acota mejor las cosas que en el 2004.

    c)Lo que sí regula el Real Decreto, y es muy discutible jurídicamente que sea un reglamento y no una ley orgánica el que lo regule, es el derecho al acceso a los datos que me atrevo a llamar “periféricos” a la propia conversación telefónica. Es decir, el origen-destino de la llamadsa, su duración, el día y la hora etc, datos importantes pero que evidentemente no equivalen a la intercepción de la conversación, como equivocadamente parece deducirse de la lectura del blog. La obtención de esos datos nunca ha estado regulada antes de ese Real Decreto, que yo sepa, y por ello este Real Decreto ha sido una novedad y se discute sobre si es suficiente. Pero lo cierto es que su artículo 90 aclara que las compañías telefónicas deben entregar a la policía esos “datos periféricos” aun antes de que exista autorización judicial, y en su artículo 89 aclara que esa cesión solo podrá ser exigida por la policía exclusivamente “ En el marco de la investigación legal a requerimiento de la autoridad judicial o cuando así lo determine una norma con rango legal”, que no es lo mismo que cuando la policía le parezca bien.

    En resumen. Sería conveniente que estas cosas se discutan en sede parlamentaria, con el rango de ley orgánica, para que los textos reguladores sean los más garantistas posibles. Pero mientras eso no sea realidad, lo cierto es que la regulación legal existente prohíbe a la policía realizar escuchas telefonicas sin orden judicial y en cambio sí le permite acceder sin permiso judicial a los “datos periféricos” de esas llamadas telefónicás, pero solo si esa recogida de datos se produce en el marco de una investigación legal. Por lo tanto, sigue siendo cierto que con SITEL o si él, si la policía, o un particular, hacen escuchas al margen de esta intervención judicial y les pillan, que esa es otra cuestión, terminan en la cárcel.

  4. Por mi parte, estoy de acuerdo en que está prohibido que la policía intervenga comunicaciones sin orden judicial. Lo dice nada menos que en la Constitución.

    Pero una cosa es lo que esté en el papel, y otra, la realidad. ¿De qué sirve que esté prohibido si se puede espiar sin que nadie se entere y sin dejar rastro de ningún tipo? Si alguien cree que se le ha espiado sin orden judicial, ¿cómo podría llegar a demostrarlo si no quedan “pruebas” de ningún tipo?

    También estoy de acuerdo en que esas interceptaciones obtenidas sin autorización no serán válidas en un juicio. Pero los tiros no van por ahí. El problema es que el gobierno puede escuchar a la oposición, a empresarios, a directivos de grandes empresas y a cualquiera que se le antoje (a cualquiera de nosotros, ciudadanos de a pie, si algún día nos ponemos “revoltosos”). Eso es lo que preocupa de SITEL tal y como está planteado.

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