El 20-N y los ordenadores portátiles de sus señorías

Dentro de poco habrá un cambio de gobierno en España, con todos los trastornos organizativos que ello comporta. Gran número de diputados y senadores tendrán que dejar sus actas para que se hagan cargo de ellas otros tantos candidatos pertenecientes a las listas vencedoras. El ejecutivo cesará, y con él un concurrido séquito de asesores, cargos públicos, personal auxiliar y otros parásitos. Una pregunta que nadie ha tenido tiempo de plantearse, pero que inevitablemente ha de surgir a última hora, es la siguiente: ¿qué se va a hacer con respecto a los ordenadores portátiles, las agendas electrónicas, smartphones y teléfonos móviles de alta gama cedidos por la administración a sus actuales titulares para facilitar el desempeño tanto de sus cometidos oficiales como de actividades particulares condicionadas al ejercicio de una actividad representativa en las instituciones del Gobierno Central?

Antes de explicar por qué esto constituye un problema, tenemos un avance en la polémica generada a raíz del reciente cambio político en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Por más que la Presidenta Cospedal insiste, los miembros salientes del gobierno de José Barreda y sus adláteres se niegan a devolver 113 teléfonos de gama alta –principalmente iPhones y Blackberries- valorados en aproximadamente 70.000 euros. La prensa conservadora presenta estos hechos como un capítulo más en el historial de despilfarro paranoico y pésima gestión del ex Presidente Barreda. Los socialistas se protegen con acusaciones de acoso y de mala fe, y los usuarios de Internet están divididos en dos bandos, los que saturan el Twitter con entradillas insidiosas sobre la cara dura de la clase política y aquellos que prefieren tomárselo con cínica ironía: si te ponen en la mano uno de esos chismes tan virgueros, es normal que si luego te lo tienen que quitar sea por encima de tu cadáver.

Si la cosa no estuviera tan fea  -con cinco millones de parados y una opinión pública con ganas de poner barricadas en las calles- esta tozudez de los socialistas manchegos se podía aprovechar para un anuncio publicitario de la casa Apple. Sospecho que si se niegan a devolver sus smartphones no lo hacen por avidez sino por consideraciones de privacidad. Alguien les habrá hablado de la cantidad de información que se puede extraer de un dispositivo móvil, incluyendo archivos borrados y un historial de posicionamiento geográfico con los datos de las conexiones WiFi y GSM que el dispositivo realiza automáticamente y sin avisar. A ello añádase correo electrónico, mensajes SMS, contactos, histórico de llamadas telefónicas, documentos ofimáticos, comentarios de twitter e incluso contraseñas. Toda esa información queda guardada en bases de datos cuyo tamaño alcanza de sobra para cubrir los meses anteriores al vuelco electoral –precisamente la época que más interesa a los abogados de la Sra. Presidenta- y es muy difícil de eliminar. Por supuesto se puede llevar a cabo un borrado seguro del dispositivo, pero hallar esta funcionalidad en un laberinto de menús y opciones de configuración no es nada fácil, y nada garantiza que un usuario sin experiencia sea capaz de ejecutarla con éxito.

¿Cuántos ordenadores portátiles de titularidad pública hay en poder de diputados, senadores, ministros, secretarios de estado, asesores, altos cargos, documentalistas y demás personal de apoyo? Solo los responsables de logística del Congreso y de Moncloa lo saben. Conociendo la propensión de la clase política a todo tipo de lujos grandes y pequeños, seguro que la cantidad es más que respetable. Conoceremos estas cifras después de las elecciones, y a nadie le sorprenda si la devolución de material resulta tan escandalosamente rácana como en Castilla La Mancha.

No solo hay que considerar aspectos de oportunidad –no es lo mismo devolver un coche oficial que un iPhone- y confidencialidad -¿qué les importa a los nuevos amos saber por dónde he andado y con qué constructores he intercambiado información?, sino también, y aquí está lo más grave, la vida privada de los usuarios. Las normativas se muestran cada vez más restrictivas en cuanto a privacidad, y la protección de la intimidad y el honor son derechos constitucionales. La informática móvil da lugar a problemas jurídicos bastante complejos. Y tratándose de políticos o altos cargos, esta complejidad implica un plazo de resolución ad calendas graecas.

Un servicio de borrado seguro sería lo más aconsejable si se quiere que sus señorías sigan disfrutando de sus pequeños privilegios de movilidad informática a costa del contribuyente. Lo malo es el coste. La eliminación segura de datos en cientos –o tal vez miles- de ordenadores portátiles y teléfonos de alta gama con sistemas operativos iOSX, Android, Windows Mobile, Palm, Symbian, etc., requiere especialistas en tecnologías forenses que por lo normal están sobrecargados de trabajo en otros lugares, son muy difíciles de encontrar, y por consiguiente caros. A título orientativo podríamos traducir al lector lo que ello supone en horas de trabajo y euros, pero no es mi intención crear alarma social. Sobre todo en tiempo de ajustes presupuestarios y recortes.

El remedio es mucho más simple: no ceder dispositivos móviles. El que quiera un portátil o un smartphone que se lo pague de su bolsillo. En una época en la que hasta los mendigos tienen teléfono móvil e incluso ordenador no hay razón que justifique regalarlo a un secretario de estado o a un congresista. De este modo cada cual será responsable de sus propios datos y la administración ahorrará en una partida de gasto tan onerosa como inútil. Y si a algún botarate se le ocurre decir que esto es un atraso y perjudica la productividad de la clase política española, hagan el favor de obsequiarle con una buena pitada.

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