Posts tagged ‘cospedal’

26/09/2011

El 20-N y los ordenadores portátiles de sus señorías

Dentro de poco habrá un cambio de gobierno en España, con todos los trastornos organizativos que ello comporta. Gran número de diputados y senadores tendrán que dejar sus actas para que se hagan cargo de ellas otros tantos candidatos pertenecientes a las listas vencedoras. El ejecutivo cesará, y con él un concurrido séquito de asesores, cargos públicos, personal auxiliar y otros parásitos. Una pregunta que nadie ha tenido tiempo de plantearse, pero que inevitablemente ha de surgir a última hora, es la siguiente: ¿qué se va a hacer con respecto a los ordenadores portátiles, las agendas electrónicas, smartphones y teléfonos móviles de alta gama cedidos por la administración a sus actuales titulares para facilitar el desempeño tanto de sus cometidos oficiales como de actividades particulares condicionadas al ejercicio de una actividad representativa en las instituciones del Gobierno Central?

Antes de explicar por qué esto constituye un problema, tenemos un avance en la polémica generada a raíz del reciente cambio político en la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha. Por más que la Presidenta Cospedal insiste, los miembros salientes del gobierno de José Barreda y sus adláteres se niegan a devolver 113 teléfonos de gama alta –principalmente iPhones y Blackberries- valorados en aproximadamente 70.000 euros. La prensa conservadora presenta estos hechos como un capítulo más en el historial de despilfarro paranoico y pésima gestión del ex Presidente Barreda. Los socialistas se protegen con acusaciones de acoso y de mala fe, y los usuarios de Internet están divididos en dos bandos, los que saturan el Twitter con entradillas insidiosas sobre la cara dura de la clase política y aquellos que prefieren tomárselo con cínica ironía: si te ponen en la mano uno de esos chismes tan virgueros, es normal que si luego te lo tienen que quitar sea por encima de tu cadáver.

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31/08/2011

Destrucción de datos informáticos en la Junta de Castilla La Mancha

Una noticia que acaba de saltar recientemente a los medios nos recuerda la importancia cada vez mayor que tiene la investigación sobre soportes digitales. Según informan fuentes de la Junta de Castilla La Mancha, el anterior gobierno socialista de esa cervantina y endeudada Comunidad Autónoma habría procedido a la eliminación de gran cantidad de datos relacionados con la gestión de programas administrativos vitales (cuando decidmos vitales nos referimos, naturalmente, a rubros bien provistos de dotaciones presupuestarias, como los que tienen que ver, por ejemplo, con las subvenciones). Ante la sospecha de manipulación masiva en las bases de datos de varias Consejerías, el gobierno de la Presidenta María Dolores de Cospedal ha encargado a los servicios informáticos de la Junta que se ocupen cargo del caso y elaboren los informes oportunos. Nuevamente nos encontramos ante una situación que supone un desafío no solo para la investigación tradicional y los juristas, sino que también requiere del apoyo de personal especializado en cometidos de Informática Forense. Habiendo resuelto seguir con atención el curso futuro de estos acontecimientos, dado el interés que un servidor de ustedes tiene por estos temas, considero que es el momento de plantear algunas reflexiones acerca de la manera de proceder en estos casos. Partimos del hecho presuntamente delictivo y su consecuencia material: los discos duros de los ordenadores supuestamente manipulados por los auxiliares del titular anterior de la Presidencia de la Junta, el Exmo Sr. D. José María Barreda. Si la Presidenta Cospedal desea llevar adelante una investigación seria y fundada, como por otra parte consituye su obligación, debería tener en cuenta algunas cosas de gran importancia.

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08/01/2010

Ciberturba contra Cospedal

Durante los últimos días se ha dado a conocer una noticia que podría servir como ejemplo didáctico para el libro “El poder de las redes“, de David de Ugarte, uno de los mejores tratados sobre cultura digital escrito hasta la fecha: un juez de primera instancia de Madrid acaba de citar a María Dolores de Cospedal, Secretaria General del Partido Popular, para declarar el próximo 17 de febrero en relación con sus acusaciones sobre las presuntas escuchas ilegales del gobierno. Se trata sin lugar a dudas de un episodio politizado, y en la mayor parte de los medios que lo reflejan hay que llegar hasta diez o doce líneas por debajo de los titulares para adquirir una visión realista del mismo, muy distinta a las connotaciones de delito, culpa y castigo que en un primer momento transmite la letra grande, sugiriendo la imagen de una líder de la oposición procesada por deslealtad institucional y su poco sentido de estado. Pero creanme si les digo que en este suceso aparentemente anecdótico la manipulación de la noticia -algo a lo que los medios tradicionales raramente son capaces de resistirse- es lo que menos importa. Salta a la vista que nos hallamos no ante una acción penal, sino una simple demanda civil, interpuesta por un grupo de particulares en el que -¡oh, casualidad!- todos resultan ser simpatizantes del Partido Socialista-. Y también que se trata de un mero acto de conciliación. En español: un trámite con menos trascendencia aun que una declaración de herederos o un pleito de piscinas. Si esperaban ver a Cospedal saliendo con grilletes del juzgado se van a llevar una decepción.

La demanda es el resultado de una iniciativa en Internet y sigue todos los pasos de la dinámica que en el esquema ugartiano gobierna la formación de las ciberturbas. Más o menos como las revoluciones de terciopelo en Serbia y Ucrania, el “pásalo” previo al 14-M o el macrobotellón de Sevilla en el año 2006, solo que a escala reducida y con el virtuosismo añadido de que no ha hecho falta concentrar físicamente a la multitud. Un militante socialista con perfil de Facebook, soliviantado por las declaraciones de Cospedal, que él consideraba un desafuero a las instituciones del Estado, convenció a otr@s cinco compañer@s para poner en marcha un grupo que terminaría atrayendo el apoyo de varios miles de personas. Todo sucedió de manera espontanea. Nadie lo organizó ni movió los hilos. De pronto los internautas comenzaron a agavillarse en Facebook, Twitter y los blogs. Como resultado de ello, y sin necesidad de pisar la calle, la demanda aterriza en la administración judicial, retumban los olifantes mediáticos y la Sra. Cospedal se ve obligada a modificar su agenda para acudir a un trámite que el próximo día 17 de febrero contribuirá a engrosar el ingente backlog de pleitos ratoneros que colapsan el sistema judicial de España.

Como se ha dicho, esto es lo de menos. Y también quién tenga razón, si la Secretaria General del PP o toda esa bola de majaderos socialdemócratas que la acosa desde su improvisada Internacional virtual. Yo creo a Cospedal cuando dice que el gobierno está llevando a cabo escuchas ilegales. Pero aquí hay lecciones que aprender. Esto, queridos, es la era digital, y fenómenos como el que acabamos de presenciar menudearán en el futuro. Vivimos en una sociedad distribuida, aunque constantemente nos empeñemos en utilizar sus medios técnicos para virtualizar estructuras y modos de pensar característicos del mundo descentralizado de los siglos XIX y XX. Que te pinchen el teléfono resulta ignominioso, pero más lo es perderse en la red distribuida, e imperdonable seguir sin saber de qué va todo este asunto de la revolución digital. La clase política tiene que espabilar: Cospedal, el resto del gremio, y de paso también la sociedad civil.

26/08/2009

Escuchas telefónicas y abuso de las instituciones

cospedal¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Vemos demasiadas películas americanas. Por ello la primera reacción del público, característica de pueblos estúpidos y conformistas como el nuestro, fue llevarse las manos a la cabeza cuando María Dolores Cospedal se puso a buscar micrófonos en su despacho como una posesa y acusó al gobierno de estar pinchando teléfonos en Génova 13. “Si tienen pruebas que vayan al juzgado”, decía la gente. Un alterado Ministro del Interior se rasgó las vestiduras y habló de gravísimas infamias y falta de responsabilidad. Pero la cosa ha quedado en estival sierpe: nadie emprende acciones judiciales. Por buenas razones: si los unos en ningún caso han infringido la ley, aunque fueran culpables de la villanía que se les imputa, mal podría hacer valer la otra sus acusaciones, aun en el caso de que pudiera demostrarlas.

Tales pruebas no las va a encontrar la Sra. Cospedal, por más que ponga patas arriba su despacho y el rellano de la escalera. Los apaños chapuceros con pinzas metálicas, los cables tras el espejo del baño y los micrófonos inalámbricos son cosa del pasado. Ahora se emplean medios mucho más sofisticados: hacking informático, rootkits instalados por la mujer de la limpieza, ataques man-in-the-middle, la decodificación del GSM mediante tecnología israelí y, sobre todo, la interceptación directa de llamadas, tanto de fijos como de móviles, en las mismas centralitas digitales de la compañía de teléfonos.

Desde el año 2000 el gobierno español, en colaboración con la multinacional Ericsson y la empresa Indra, ha invertido alrededor de cuarenta millones de euros en SITEL, un sistema informático que permite a la policía interceptar directamente llamadas telefónicas en cualquier punto del territorio nacional sin tener que montar previamente dispositivos de escucha. La implantación del sistema se ha llevado a cabo sobre un reglamento del Ministerio de Fomento y no sobre una ley orgánica, que es lo que habría exigido una medida de tan amplia envergadura. Desde hace años Sitel se encuentra en el punto de mira de la Asociación de Internautas. El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, elevó en junio de 2005 un informe al Fiscal General del Estado las graves deficiencias jurídicas de Sitel. Según dicho informe las interceptaciones incumplen los requisitos exigidos por el Supremo para ser utilizados como medio de investigación y prueba, por no existir control judicial efectivo, lo cual afectaría a la validez de múltiples procesos. Hasta ahora el silencio ha sido la única respuesta.

Cuando Cospedal dice que se siente espiada por el gobierno yo la creo. Mucha más fe es la que se necesita para creer lo contrario, que siendo tan fácil y no existiendo una cobertura jurídica garantista de ningún tipo para los derechos del usuario telefónico, el gobierno de la Nación no se vea tentado de utilizar unos medios técnicos que le ponen en bandeja no solo las conversaciones de la oposición, sino las de cualquier ciudadano del país. El incidente podría haber servido para iniciar una sana polémica sobre la protección judicial de las telecomunicaciones, pero por desgracia ha degenerado en la rebatiña partidista de siempre.

España aun se encuentra lejos de convertirse en un estado policíaco -aunque no tanto como pensamos-. La realidad de fondo es más banal: la de un partido que intenta hundir a otro que hace esfuerzos desesperados para mantenerse a flote. El Presidente Zapatero llegó al poder navegando sobre una almadía de mentiras. Dijo a los ciudadanos que no había crisis, y vaya si la había. Ahora no sabe lo que hacer y da manotazos a todas partes, utilizando al Fiscal General para sus fines políticos y lo que haga falta.

¿Serían ustedes demasiado duros conmigo si les digo que el gobierno sí está llevando escuchas telefónicas y una labor de espionaje dirigida no solo a la oposición, sino a los restantes grupos políticos? Les propongo que se sumen a la acusación, aunque solo sea por higiene democrática. No se preocupen, el gobierno no es una persona, y no se le puede aplicar el criterio de presunción de inocencia. Es culpable por defecto, asi que pongámosle en la picota. Después se verá si ha habido escuchas o no. Y en este último caso no pediremos disculpas, sino que nos limitaremos a decir: “De acuerdo, gobierno, ya hemos visto que lo estás haciendo bien. Ahora vuelve a lo tuyo y ándate con cuidado porque seguimos vigilándote. Eres tú quien nos perteneces a nosotros y no al contrario”.

Y esto habría que decírselo no solo a Zapatero, sino también a la Sra. Cospedal cuando sea Presidenta del Gobierno.