Posts tagged ‘sitel’

05/11/2009

Canción triste de SITEL Street

minterior

También controlamos los excesos de velocidad en las autopistas de la información.

Después de varios meses de renquear entre los medios digitales y algunos blogs, parece que el asunto SITEL se encuentra ad portas del Congreso de los Diputados. Las declaraciones del vicesecretario de comunicación del PP Esteban González Pons con motivo de una rueda de prensa han sido respondidas el Ministro del Interior desde la tribuna de un seminario sobre seguridad de datos. González Pons había acusado al gobierno del Partido Socialista de estar utilizando SITEL desde el año 2004 para grabar conversaciones y hacer perfiles psicológicos a través de este sistema, además de realizar seguimientos de personas investigadas mediante “un sistema ilegal de grabación de conversaciones que no tiene la cobertura de ley orgánica que la ley exige”.

Durante su intervención en la 31 Conferencia de Autoridades de Protección de Datos y Privacidad, a la que también asistía Janet Napolitano, Secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, el ministro respondió con verdades evidentes (SITEL fue adquirido cuando Rajoy era Ministro de Interior y puesto en funcionamiento por su predecesor Angel Acebes) y asertos cuestionables, que por ser benévolos y no emplear el calificativo de mendaz dejaremos en burdas exageraciones. Dijo, por ejemplo, que SITEL es un sistema más garantista que el anterior, y que funciona únicamente con autorización judicial. Véase aquí una crónica sobre las declaraciones del ministro en torno a SITEL y otros temas relacionados con la seguridad.

No tiene pérdida la frase estrella de su ponencia: “no somos una sociedad vigilada sino una sociedad protegida”. Tampoco sus comentarios sobre el tráfico, aunque uno se hace la pregunta: ¿entonces para qué todo ese costoso y sofisticado montaje de sistemas informáticos para escuchas telefónicas? En realidad tenemos un problema de seguridad vial. Lo que necesitamos son motoristas y radares.

Respecto a las complicaciones jurídicas de SITEL recomiendo la lectura de este artículo en el blog del abogado asturiano afincado en Bilbao Guillermo Díaz Bermejo.

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19/09/2009

Las orejas electrónicas del gobierno

intervencionesUn post reciente en este blog ha recogido una cantidad inusual de comentarios críticos argumentando que la Constitución y el Código Penal incluyen garantías suficientes para la cobertura de escuchas telefónicas. Fue una discusión a la española, en la que se interpretan pejiguera y teatralmente los puntos y las comas de la ley, no tanto para llevar razón como para dejar en evidencia a quien sostiene la posición contraria, y en la que algunos llegaron a citar párrafos de leyes mal nombradas con una tendenciosidad en cualquier caso mucho mayor que la que se pretendía atribuir al autor del artículo. Todo ello para invalidar la tesis principal del post: que Sitel permite a las Fuerzas de Seguridad del Estado, y por extensión a quien las manda, un acceso a la privacidad del ciudadano tan solo limitado por la negativa de este a hacer uso de su propio teléfono. Muerto el perro, se acabó la rabia. Eso es precisamente lo que hacía un antiguo Canciller de la República Federal de Alemania. Enterado de que el sistema inalámbrico de su automóvil era objeto de seguimiento constante por parte de los servicios secretos de la R.D.A., mandaba parar al chófer ante una cabina telefónica y desde allí hablaba de asuntos importantes con los miembros del gabinete.

Eran los años 80. Con Sitel no habría podido utilizar el mismo ardid, a no ser que el Consejo de Ministros estuviera reunido en otra cabina telefónica o en un bar. La potencia de los sistemas de interceptación actuales, basados en la informática y en la instalación de interfaces adecuados en las compañías telefónicas al servicio de la autoridad (Esto no es cachondeo: lo decía la Ley General de Telecomunicaciones en su versión del 2003), permite realizar un seguimiento de llamadas en tiempo tanto real como diferido, por llamante y por destinatario de la llamada, y por extensión a toda la agenda de contactos telefónicos de uno y de otro. Sitel, además de una valiosa herramienta para la seguridad del Estado, es un tren de laminación para el derecho a la privacidad y las leyes de protección de datos.

La capacidad técnica de Sitel resulta tan sorprendente como endebles los bastidores jurídicos sobre los que se apoya. Este problema lo conocía de sobra el gobierno de Aznar, que hasta después de los atentados del 11 de marzo no pudo poner en marcha el sistema al no haber sido capaz de desarrollar un marco legal para su despliegue. El nuevo gobierno, tan poco respetuoso con las libertades del ciudadano como todos sus predecesores, y además con una tendencia a servirse de la ley y de las instituciones del estado con finalidades instrumentales al servicio de su propio poder, no tuvo tantos remilgos y se estuvo sirviendo de él durante un año sin cobertura legal alguna hasta la aprobación del primer reglamento regulador en abril de 2005. Consciente de los problemas jurídicos que causaba, el ejecutivo de Zapatero decidió enfocar el asunto Sitel como una cuestión meramente técnica, diseminando la normativa en forma de leyes de bajo rango y letra pequeña en los reglamentos del Ministerio de Industria.

En Estados Unidos (que por efecto de las series televisivas es el marco mental que inspira la argumentación bienintencionada de los partidarios conformistas del gobierno), cuando un investigador necesita huronear en la intimidad de un particular, solicita una orden del juez. En dicha orden el magistrado especifica con puntillosa exactitud los datos que hay que intervenir. Más allá no se avanza, y si el dispositivo o el ordenador pertenece a un periodista, entonces se vuelve intocable, porque hay una ley del Congreso (Privacy Protection Act § 42 U.S.C. 2000a) que lo protege. En España el procedimiento es otro. La Ley 25/2007 de 18 de octubre sobre conservación de datos permite al agente facultado, con carácter previo a la ejecución de la orden de interceptación, recabar de la compañia telefónica todas las informaciones relativas al servicio de telecomunicación utilizado por los sujetos a los que se quiere practicar el seguimiento: tipo de contrato, DNI, código de identificación fiscal, números de teléfono, etc. Para cuando la petición llega a la mesa del juez para que la firme, al individuo en cuestión -y también a sus interlocutores- ya les habrán escuchado de todo, hasta cantando en la ducha.

Escucharán al sospechoso y de paso a unos cuantos más, que no necesariamente habrían de guardar relación con el caso -Pruebas de funcionamiento, ya me entiende.¿Qué era el teléfono de un político del PP o de la Esquerra? Ay, disculpe usted, no nos dimos cuenta-. La naturaleza versátil y manipulable de los datos digitales también permite seleccionar el material. En otras palabras, unos jueces mayoritariamente legos en tecnología estarán firmando sin más lo que les presenten. No es como antes, que se entregaba la cinta entera y después era destruida. Por si fuera poco ahora también queda un backup en el ordenador de Sitel.

En 2008, y cuando ya había entrado en vigor la Ley 25/2007, el Tribunal Supremo dictaminó que el Real Decreto de 2005 era insuficiente para regular Sitel. Es aquí donde ha de verse el auténtico problema, no en el escaso rigor a la hora de citar la letra de una ley que por lo general en este país el gobierno y las administraciones públicas son los primeros en incumplir. Un sistema de intervenciones tan sofisticado y potente debería estar regulado por una ley orgánica. El objetivo no es iniciar un Watergate contra Zapatero, sino conseguir que esta problemática sea llevada al terreno del debate parlamentario.

26/08/2009

Escuchas telefónicas y abuso de las instituciones

cospedal¿Cuántos de los lectores saben que en España los Cuerpos de Seguridad del Estado, es decir Policía Nacional, Guardia Civil, policías autónomas e incluso las Fuerzas Armadas, no necesitan una orden judicial para intervenir las comunicaciones telefónicas? A este respecto existe tan solo una normativa, la Ley 11/2002 de 6 de mayo que regula el funcionamiento del Centro Nacional de Inteligencia. Vemos demasiadas películas americanas. Por ello la primera reacción del público, característica de pueblos estúpidos y conformistas como el nuestro, fue llevarse las manos a la cabeza cuando María Dolores Cospedal se puso a buscar micrófonos en su despacho como una posesa y acusó al gobierno de estar pinchando teléfonos en Génova 13. “Si tienen pruebas que vayan al juzgado”, decía la gente. Un alterado Ministro del Interior se rasgó las vestiduras y habló de gravísimas infamias y falta de responsabilidad. Pero la cosa ha quedado en estival sierpe: nadie emprende acciones judiciales. Por buenas razones: si los unos en ningún caso han infringido la ley, aunque fueran culpables de la villanía que se les imputa, mal podría hacer valer la otra sus acusaciones, aun en el caso de que pudiera demostrarlas.

Tales pruebas no las va a encontrar la Sra. Cospedal, por más que ponga patas arriba su despacho y el rellano de la escalera. Los apaños chapuceros con pinzas metálicas, los cables tras el espejo del baño y los micrófonos inalámbricos son cosa del pasado. Ahora se emplean medios mucho más sofisticados: hacking informático, rootkits instalados por la mujer de la limpieza, ataques man-in-the-middle, la decodificación del GSM mediante tecnología israelí y, sobre todo, la interceptación directa de llamadas, tanto de fijos como de móviles, en las mismas centralitas digitales de la compañía de teléfonos.

Desde el año 2000 el gobierno español, en colaboración con la multinacional Ericsson y la empresa Indra, ha invertido alrededor de cuarenta millones de euros en SITEL, un sistema informático que permite a la policía interceptar directamente llamadas telefónicas en cualquier punto del territorio nacional sin tener que montar previamente dispositivos de escucha. La implantación del sistema se ha llevado a cabo sobre un reglamento del Ministerio de Fomento y no sobre una ley orgánica, que es lo que habría exigido una medida de tan amplia envergadura. Desde hace años Sitel se encuentra en el punto de mira de la Asociación de Internautas. El teniente fiscal de Madrid, Pedro Martínez, elevó en junio de 2005 un informe al Fiscal General del Estado las graves deficiencias jurídicas de Sitel. Según dicho informe las interceptaciones incumplen los requisitos exigidos por el Supremo para ser utilizados como medio de investigación y prueba, por no existir control judicial efectivo, lo cual afectaría a la validez de múltiples procesos. Hasta ahora el silencio ha sido la única respuesta.

Cuando Cospedal dice que se siente espiada por el gobierno yo la creo. Mucha más fe es la que se necesita para creer lo contrario, que siendo tan fácil y no existiendo una cobertura jurídica garantista de ningún tipo para los derechos del usuario telefónico, el gobierno de la Nación no se vea tentado de utilizar unos medios técnicos que le ponen en bandeja no solo las conversaciones de la oposición, sino las de cualquier ciudadano del país. El incidente podría haber servido para iniciar una sana polémica sobre la protección judicial de las telecomunicaciones, pero por desgracia ha degenerado en la rebatiña partidista de siempre.

España aun se encuentra lejos de convertirse en un estado policíaco -aunque no tanto como pensamos-. La realidad de fondo es más banal: la de un partido que intenta hundir a otro que hace esfuerzos desesperados para mantenerse a flote. El Presidente Zapatero llegó al poder navegando sobre una almadía de mentiras. Dijo a los ciudadanos que no había crisis, y vaya si la había. Ahora no sabe lo que hacer y da manotazos a todas partes, utilizando al Fiscal General para sus fines políticos y lo que haga falta.

¿Serían ustedes demasiado duros conmigo si les digo que el gobierno sí está llevando escuchas telefónicas y una labor de espionaje dirigida no solo a la oposición, sino a los restantes grupos políticos? Les propongo que se sumen a la acusación, aunque solo sea por higiene democrática. No se preocupen, el gobierno no es una persona, y no se le puede aplicar el criterio de presunción de inocencia. Es culpable por defecto, asi que pongámosle en la picota. Después se verá si ha habido escuchas o no. Y en este último caso no pediremos disculpas, sino que nos limitaremos a decir: “De acuerdo, gobierno, ya hemos visto que lo estás haciendo bien. Ahora vuelve a lo tuyo y ándate con cuidado porque seguimos vigilándote. Eres tú quien nos perteneces a nosotros y no al contrario”.

Y esto habría que decírselo no solo a Zapatero, sino también a la Sra. Cospedal cuando sea Presidenta del Gobierno.