Probablemente estas son las frases más acertadas que se hayan escrito jamás en el debate sobre el control político de las redes de telecomunicaciones:
«Ante todo es preciso superar un bloqueo mental: hasta la fecha ley y orden no parecían imaginables sin el estado. Y una renuncia a los mecanismos tradicionales de la soberanía estatal en la sociedad de las redes puede conducir al caos.»
Este, y no la pugna comercial en torno a los derechos de autor, ni la seguridad ciudadana, ni el proteccionismo cultural, es el centro de gravedad de la lucha por la red. Para saber de qué estamos hablando, he aquí un ejemplo procedente de la misma revista (Der Spiegel – Semana 33/2009) que publica el citado párrafo. Como sabemos, la posesión de un dominio de Internet constituye el salvoconducto de una persona, empresa u organismo administrativo para hacer visible su presencia en la red mundial. Los conflictos jurídicos relacionados con dominios actúan como catalizadores en la génesis de lo que podríamos denominar el borrador de una «constitución digital.»
La petrolera TotalFinaElf demandó a Greenpeace por usurpación de nombre en la página oil-of-elf.de, utilizada por ecologistas alemanes para polemizar contra la multinacional. La Audiencia de Berlín resolvió el caso aplicando leyes locales que prohibían a Greenpeace el empleo del dominio por abuso de la denominación comercial del gigante petroquímico. Sin embargo, la instancia inmediatamente superior falló a favor de Greenpeace al entender que el principio constitucional de la libertad de expresión tiene prioridad sobre el derecho de marcas.
Puesto que el secuestro de dominios se utiliza con frecuencia como arma para influir en la opinión pública, y en todo el mundo hay un ejército de abogados luchando contra esta forma de piratería, resultaba inevitable que ICANN, el organismo encargado de la asignación de nombres de dominio y rangos numéricos en Internet, interviniera en esta y otras disputas, constituyéndose en una especie de tribunal arbitral de la red. Este fue el dictamen de los guardianes del ciberespacio:
«Internet es principalmente un instrumento de comunicación global; su derecho se cimenta en la libertad de la palabra.»
La libertad es lo primero. Ningún tratado internacional, ni la Declaración de Derechos Humanos, ni la Ley Divina han sido citadas por los juristas de ICANN para emitir su veredicto. Lo escribieron sin más. Porque alguien, en última instancia, tenía que tomar la decisión. Hace años en la universidad aprendíamos que las fuentes del derecho son la ley, la costumbre y los principios fundamentales del derecho. La situación ha variado, y es en este cambio donde se encuentra el auténtico nudo gordiano de la era digital, con todos sus interrogantes del tipo: ¿quién manda en Internet? ¿qué está permitido y qué no? ¿deben existir organismos reguladores, guardianes, normativas, censura…?
Derecho sin estado: probablemente la red global es la primera estructura capaz de reemplazar el concierto internacional de unos estados en busca de consenso. Da la impresión de que el estado nacional ha entrado en una nueva etapa histórica caracterizada por la pérdida del monopolio legislativo, en la que se verá obligado a adaptarse a entornos nuevos, definidos por la actuación de una variedad de agentes que comprende no solo entes reguladores privados como ICANN, sino también ONGs, organismos internacionales, asociaciones políticas, etc.
W r i t e O n l y M o d e 